Sobre teléfonos y funcionarios

Acabo de pasar cuatro meses de calvario telefónico.

Todo empezó cuando me llegó una factura de un teléfono que no era mío. Hice las llamadas pertinentes y creyendo que el asunto estaba resuelto dejé pasar unas semanas hasta que me llegó otra factura, del mismo número, por un montante de más de 600 euros. Hice nuevas llamadas a Movistar y de nuevo creí que el asunto estaba resuelto. Era sencillo, mi nombre y mis datos aparecían en las facturas pero el número y el consumo relacionado con éste jamás fue reconocido por mí. Esta vez hice reclamaciones administrativas a través de las pertinentes Agencia de Consumo y Agencia de Protección de Datos ya que alguien, un impostor, utilizaba mis reseñas para beneficiarse gracias a la laxa o nula vigilancia y diligencia de Movistar.

Más facturas, más gastos y mis réplicas en forma de cartas, llamadas, alertas en mi banco y denuncias, incluso en la Policía Nacional. Y así durante cuatro meses sumando una supuesta deuda de más de 1200 eurazos, siempre sin feedback o reciprocidad manifiesta por parte de la compañía telefónica.

Ayer, cuatro meses después, recibí una carta de la Agencia de Consumo en la que daba por zanjado el asunto: no debo pagar de ningún modo la deuda, se reconoce la ausencia de contrato escrito o registro telefónico al uso que me vincule con el número del impostor, se establece un plazo máximo para Movistar en el que puede presentar en última instancia pruebas de voluntad por mi parte de suscribir relación alguna con ese número, y a partir de entonces toda acción a propósito de este entuerto de mano de la compañía pasa a engrosar prueba objeto de vía sancionadora administrativa contra Movistar. Aparte, la Agencia de Protección de Datos incoará proceso investigador de irregularidades en el tratamiento de mi nombre y DNI.

Claro que existen hijos de puta que viven de funcionarios como reyes al abrigo de una legislación protectora. Se aprovechan de la buena intención de la redacción de dichas leyes para tocarse los huevos todo el día, para pasar desapercibidos, para colarse en la Administración de por vida sin dar palo al agua o para estar de baja durante semanas por la gilipollez de turno. Eso lo sabemos todos. Pero no significa que no haya buenas personas trabajando en las múltiples formas de nuestro Estado y que haya secciones y departamentos que cumplen su cometido diligentemente y ofrecen al ciudadano un servicio intachable, como es el caso.

Coste directo de todo el proceso: 4 cartas certificadas, desplazamientos y aparcamientos en zona de pago. Unos 12 euros. Vete a una unión de consumidores a asociarte, a ver cuánto te cobran. La más barata que encontré me pedía 140 euros para iniciar mi proceso de defensa.